Después de que el pleno del Senado de la República aprobara las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para el fortalecimiento de la regulación y control de armas de explosivos, la Barra de Abogados advirtió que esta aprobación evidencia una falla en la estrategia de seguridad.
Omar Alberto Guillén Partida, presidente de la Comisión de Derecho Económico de la Barra Mexicana de Abogados capítulo Sonora detalló que la reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos en México, refleja un cambio significativo en la política de seguridad, al sugerir que los ciudadanos deben defenderse, lo que contrasta con la responsabilidad constitucional del gobierno de garantizar la seguridad.
"Luego de varios análisis sobre la propuesta, lo que comunica esta propuesta es algo muy claro y es finalmente que ahora se defiendan los ciudadanos; este es el mensaje que nos queda después de hacer una revisión de la reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos, donde se modificaron cerca de 57 artículos. Nos queda claro que queda atrás la política de abrazos, no balazos. Y nos queda claro que se pretende prácticamente que la ciudadanía se defienda, cuando la responsabilidad constitucional de brindar seguridad es del Estado", señaló.
El representante de los abogados explicó que la iniciativa, que permite a diversos funcionarios y empresas portar armas, plantea preocupaciones sobre la capacidad y responsabilidad de estos individuos en el uso de armas, especialmente en situaciones de tensión. Reiterando que la percepción general es que el gobierno está reconociendo su incapacidad para manejar la delincuencia organizada y la corrupción, trasladando la carga de la seguridad a la ciudadanía.
"Esta reforma que da permiso para portación de armas de fuego a funcionarios de Hacienda, a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a empresas de seguridad privada y hasta jornaleros agrícolas, van a necesitar un importante adiestramiento y una gran capacitación para que entiendan el gran y alto nivel de responsabilidad que es portar un arma y honestamente nos preocupa cuando el jornalero agrícola termina su jornada y se echa unos tragos que llegue a su casa y tenga una pelea doméstica con su esposa. Yo espero que esto no sea una medida que pueda poner en riesgo a los ciudadanos, entre otras cosas", explicó.
Añadió que, tras un análisis con los integrantes de la barra, se llegó a la conclusión de que en lugar de estas modificaciones se debieron reforzar tres puntos en el tema de seguridad: mejoramiento de equipamiento, capacitación y un mayor número de agentes; argumentando una desproporción en armamento entre la delincuencia organizada y las fuerzas policiales, así como la necesidad de aumentar el número de policías en lugares específicos como Cajeme.
"Hoy es momento de que el ciudadano pueda estar atento al quehacer del gobierno, porque no debe distraer su responsabilidad de proveer seguridad pública, ya que los ciudadanos hoy van a tener, en caso de que se apruebe ya en el Senado, la oportunidad de contratar seguridad privada o poder armar a jornaleros agrícolas. Entonces creo que esa parte tiene que estar muy clara, de que la responsabilidad es y seguirá siendo del gobierno, de los gobiernos estatal, federal y municipal", finalizó.
