Este jueves 24 de julio, el Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicado en la ciudad de Culiacán, amaneció tomado por cientos de productores agrícolas, que durante los últimos años han realizado distintas acciones de resistencia civil, en demanda de que el gobierno federal abandone la conducta irresponsable de entregar la suerte del campo mexicano a lo que determinen los intereses financieros privados, que a la sombra del TLCAN-TMEC, se vienen apoderando de porciones crecientes del mercado nacional alimentario.
La demanda de entrega de los apoyos compensatorios para atenuar la caída en los precios, hecha por los productores de Sinaloa —el principal productor de maíz blanco del país— no es diferente a la planteada por los agricultores de otras regiones graneleras como Sonora, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y la amplia zona del Bajío; así como la región sorguera de Tamaulipas, que durante las últimas semanas también realizaron manifestaciones, bloqueando carreteras y el puente internacional Pharr-Reynosa, uno de los puertos fronterizos por donde entran miles de toneladas de granos, de los millones que inundan el mercado nacional, a costos más bajos, en beneficio de élites agrofinancieras con cargo a la descapitalización y desplazamiento de los productores nacionales.
Esta nueva ola de movilizaciones, articulada en torno al Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, no se limita a las exigencias de coyuntura, esto es, al apremio por los apoyos emergentes, sino que en un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación, los productores de Sinaloa advierten que está en curso la desintegración del modelo neoliberal que ha regido la política económica, monetaria y comercial del mundo occidental por las últimas cuatro décadas y señalan “que su expresión en México es la virtual disolución del esquema comercial conocido como TLCAN-TMEC”, al referir la desorbitada política arancelaria de Trump como el síntoma más elocuente de que el modelo que ahora muere no volverá a revivir.
Señalan que las naciones no tienen que morir cumpliendo reglas o normas intrínsecamente destructivas y sostienen que México no debe, ni debió ser un viajero incondicional de estas políticas, al mismo tiempo que apuntan la necesidad y urgencia de abandonarlas.
Consideran los productores que un buen principio para abandonar tales políticas es que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum admita la necesidad de que se instale una Mesa de Diálogo con los productores nacionales y se someta a discusión la necesidad de que los granos básicos, esto es, trigo, maíz, frijol y sorgo, salgan del TLCAN-TMEC para que los precios de los mismos no sean impuestos por los mercados especulativos internacionales que concurren en la Bolsa de Chicago.
Argumentan que el mercado nacional de granos básicos debe ser rescatado con una política alimentaria que restablezca el concepto de agricultura nacional, aplicando los instrumentos internos pertinentes, nucleados en torno a una política universal de precios de garantía que haga posible la capitalización de todas las regiones productoras de granos básicos para estar en condiciones de caminar en dirección a reducir la peligrosa dependencia alimentaria que padece la nación.
La gravedad de la situación no es que la política arancelaria del Gobierno norteamericano haya desmantelado al TLCAN-TMEC. El problema más grave sería que no empecemos desde ahora a construir las alternativas en todos los ámbitos de la política económica y principalmente en materia alimentaria, donde nuestra vulnerabilidad es mayor. La conducta errática del Gobierno norteamericano acabó con la ilusión de que lo impensable no podría ocurrir.
En la parte final del documento, los productores de Sinaloa le extienden la mano a la presidenta. Reconocen que México está enfrentando una guerra comercial cuyo propósito es profundizar la dependencia. Le hacen ver al Gobierno que saben que el país enfrenta una coyuntura de suma gravedad en donde las presiones, chantajes y amenazas externas se han amotinado.
Precisan que es el momento de cerrar filas con las instituciones de la República y especialmente con la Institución de la Presidencia para darle un giro a la política económica que por más de tres décadas abandonó al campo mexicano y con ello estar en condiciones de resistir el eventual chantaje de un embargo alimentario.
Si la presidenta toma la mano de los productores nacionales, estará en condiciones de resistir a los chantajes. Debe distinguir la diferencia entre las propuestas de buena fe y las críticas mezquinas de sus opositores políticos.
