En consecuencia, se están reactivando las protestas magisteriales, tal como se ha visto en secciones como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
“Los dos factores que están incidiendo en esta parálisis tienen que ver, por un lado, con el contenido de la iniciativa que, con distintos términos mantiene partes fundamentales de la reforma que se pretende abrogar; por otro lado, la correlación de fuerzas existente en ambas cámaras, en las que la coalición afín al Ejecutivo no cuenta con los legisladores suficientes para aprobar por mayoría calificada la iniciativa presidencial”, sostienen los docentes.
Para empezar, la pretensión de mantener en el artículo tercero constitucional la regulación laboral que únicamente debiera ser materia del artículo 123, es lo que ha frenado el avance de la abrogación.
“La abrogación de la mal llamada reforma educativa, en los términos planteados por la CNTE, es posible siempre y cuando para el actual gobierno constituya un asunto de primer orden y de carácter estratégico para garantizar la plena estabilidad del país. Lo que implica generar procesos de negociación al más alto nivel entre legisladores, el Presidente de la República y la CNTE”, comentan.
Con el Régimen de Excepción Laboral, contenido en el artículo tercero constitucional de la reforma, el magisterio fue desconocido como sujeto del derecho laboral, dado que se impuso un sistema que conculcó de facto los derechos constitucionales en materia laboral, de acuerdo a lo señalado por el alto mando de la CNTE, sin que hubiese ocurrido ningún proceso legislativo que abrogara todo o partes del artículo 123 apartado B.
Para los trabajadores de la educación resulta vital preservar la integridad de la organización sindical y lo que ello implica: la bilateralidad en las relaciones laborales; la vigencia de las condiciones generales de trabajo, el derecho a la defensa colectiva, entre otros asuntos.
El régimen de excepción al que fuimos sometidos los maestros anuló todo lo anterior. Las relaciones laborales se redujeron a simples relaciones administrativas en las que priva la unilateralidad que permite que la autoridad actué de manera omnipotente dejando en la indefensión a los trabajadores.
En este marco, consideramos que la iniciativa que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador envió al congreso para modificar el artículo tercero mantiene dicho régimen de excepción, aun cuando se incluyan algunas modificaciones importantes.
Otro tema toral, comunican, es el de la corrupción relacionada con la venta de plazas, que no puede ser el argumento para mantener el régimen de excepción. La venta de plazas no es posible sin la confabulación de quienes tienen a su cargo las contrataciones, lo que implica la necesidad de revisar a fondo el funcionamiento de las estructuras de la SEP.
Las exigencias de los integrantes de la CNTE, confirman, son cancelar el intervencionismo de la OCDE en la política educativa de México, así como asignar un monto no menor del 8% del PIB para el presupuesto educativo.
De igual manera, establecer las bases para garantizar la construcción de un verdadero proyecto de educación emancipador y generar la formación permanente con cursos que estén directamente relacionados al proceso enseñanza aprendizaje del entorno de la comunidad escolar, con tiempo liberado y que no sean motivo de sanción.
Con base a los resultados del proceso legislativo para abrogar la reforma, anuncian, la CNTE a través de sus estructuras organizativas, espacios de discusión y de toma de decisión, definirá la ruta que garantice la continuidad de la lucha por la defensa de la Educación Pública, por un proyecto de educación acorde a las necesidades sociales, culturales, geográficas, económicas, políticas y pedagógicas de los mexicanos y por la defensa los derechos laborales.
O sea, esto está como al principio.
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