Los afectados por el derrame de desechos tóxicos en el Río Sonora recuerdan los 11 años de la tragedia que los marcó desde ese tiempo, siguiendo en pie de lucha con la exigencia de sus derechos, principalmente con la atención médica y otros apoyos que les han prometido desde aquel 6 de agosto de 2014.
Fue la Mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, la que derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, una solución que contiene sulfato de cobre y ácido sulfúrico, quedando derramados los ríos Bacanuchi y Sonora, debido a fallas estructurales y de supervisión en la represa Tinaja 2 de la mina, afectando un tramo de 271.6 kilómetros que abarca ocho municipios.
Al pie del antimonumento de la tragedia, colocado en 2024 en la plaza Emiliana de Zubeldía en Hermosillo, el vocero de los comités de Cuenca Río Sonora, Martín Valenzuela, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a reflexionar y solucionar el tema de la contaminación que ha quedado pendiente desde antiguas administraciones.
“Nosotros queremos que antes de pensar en construir Presas en la región, primero se solucione el tema de la contaminación. Consideramos que el recurso se debe invertir en eso. Hemos solicitado estudios del agua y, después de meses, nos han dicho que efectivamente hemos consumido mercurio y otros elementos dañinos. Queremos soluciones”, dijo el vocero.
Además, como parte de sus actividades, procedieron a realizar el encendido de velas para recordar a compañeros fallecidos después del décimo aniversario del derrame, y quienes fueron parte de la lucha a lo largo de estos años; sin embargo, no alcanzaron a ver concluida su petición. Se trata de Ramón Miranda, Martha Patricia Velarde y Norberto Bustamante.
Los comités de la Cuenca del Río Sonora, que están formados por Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo, que suman cerca de 22 mil habitantes afectados, afirmaron que continuarán unidos, trabajando para que se les cumpla con lo acordado y buscarán que las autoridades del Gobierno federal y estatal los atiendan.