Por principio de cuentas, ni siquiera el país estaba técnicamente capacitado para enfrentar a la pandemia que se vino encima de la noche a la mañana.
Falta de reactivos para las pruebas contra el virus o la escasa cantidad de los respiradores artificiales en los hospitales, son solamente una muestra de la inadecuada operación del sistema de salud nacional.
Y ayer, como en plena época de Navidad o de Reyes Magos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano envió su cartita al gobierno federal para recordarle la necesidad de que opere ya al 100% el sustituto del Seguro Popular en Sonora.
Además, los famosos reactivos que tanta falta hacen y, entre otras muchas cosas, el equipamiento del nuevo Hospital de Especialidades que puede hacer mucha falta si se desborda la presencia del Covid-19.
Ya antes, por supuesto, la mandataria había recibido de los municipios la larga lista de necesidades que si bien ya se arrastraban, con la presencia de esta pandemia se ha agudizado en grado extremo.
Los municipios requieren, además de todo lo necesario para salir adelante en esta emergencia, una gran cantidad de recursos para hacer frente a las demandas de la población en materia de mejores calles y servicios públicos, pero sobre todo para enfrentar a la delincuencia que, me crean o no, en vez de achicopalarse ante el coronavirus, parece estar aprovechando aquellos espacios que están dejando las corporaciones policiacas por irse a cerrar empresas no vitales para estos tiempos.
En verdad, la crisis de los estados y municipios es una verdadera pandemia.
Ese convenio fiscal que se firma anualmente para que el gobierno estatal y los municipios recauden algunos impuestos, es leonino de alguna manera.
La base de la desproporción está en que, de acuerdo con las cifras oficiales, México es el país con la recaudación más baja, de apenas el 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Y para terminar de hacer grave la crisis, los expertos señalan que la recaudación federal representa el 13.1% del PIB y apenas el 0.9% se le atribuye a la recaudación local.
Los gobiernos locales de alguna manera se han quedado rezagados en sus métodos recaudatorios y de lo que logran captar, apenas un porcentaje pequeño, algo así como 20 centavos de un peso, regresan para apoyar “el desarrollo regional”.
¿Hasta cuándo durará este sistema de inequidad fiscal?
Mientras el municipio, la base del federalismo como en el discurso nos han hecho creer, no alcance su autonomía económica en función de las captaciones de impuestos, las necesidades seguirán creciendo exponencialmente y no habrá presupuesto que le pueda hacer frente.
Habría que combatir, primero, la ineficiencia y corrupción de los niveles locales en la recaudación y el ejercicio presupuestal y, en segunda instancia, la obesidad de los cuerpos de gobierno municipales.
Cajeme es un ejemplo: del total del presupuesto, casi un 95% se va al llamado gasto corriente y lógicamente que ese 5% restante para inversión en obra pública no es nada en comparación con las necesidades crecientes de la sociedad.
Es cierto, ya lo sabíamos, pero ahora el coronavirus nos ha venido a mostrar cuán inequitativo es este país.
Así que si los empresarios, pequeños, medianos o chicos, están esperando obtener una compensación por paralizar sus negocios ante la pandemia, ya pueden irse sentando.
Con mayor razón los que no tienen voz para hacer un reclamo. Y ellos son, digámoslo así, el eslabón más débil de la cadena.
Y todo, por el coronavirus. A alguien hay que echarle la culpa.
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