La tragedia sin resolver que sigue afectando
Por: Leova Peralta
El 6 de agosto del 2014, la Mina Buenavista del Cobre ubicada en Cananea, Sonora, derramó 40 mil 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, debido a fallas estructurales y de supervisión en la represa Tinaja 2 de la mina.
Dicha sustancia, es una solución que contiene sulfato de cobre y ácido sulfúrico, utilizado principalmente como fungicida en la agricultura y también puede tener aplicaciones como tratamiento para el agua, sin embargo, es importante tener en cuenta que el sulfato de cobre es corrosivo y tóxico, por lo que su uso requiere precaución.
El derrame alcanzó los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando un tramo de 271.6 kilómetros, que abarcan ocho municipios donde identificaron altas concentraciones de metales pesados en el agua y sedimentos, superando los límites permitidos.
Debido a que personas y animales tuvieron contacto directo con el agua contaminada, el Comité para la Operación de Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, decretó que se cerrara un total de 322 pozos y norias localizadas a una distancia menor de 500 metros de la margen del río por precaución, para evitar el posible consumo de agua contaminada, además
En el mismo mes en que ocurrió el derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia contra el complejo minero Buenavista del Cobre, de Grupo México, y las autoridades federales y estatales decidieron clausurar las actividades de la mina, a partir del 1 de septiembre 2014, pero el número de afectados ya era de 24 mil habitantes de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo.
ACCIONES
El 4 de julio de 2021, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente de México, instruyó a las dependencias de Administración Pública Federal (APF) para materializar el Plan Integral de Atención a Cananea y Programas del Bienestar, integrado por cinco mesas de trabajo, una para trabajo digno, otra para la atención médica y medicamentos gratuitos, una llamada bienestar, además se incluyó otra para trabajar en el mejoramiento urbano, y la quinta para la salud ambiental y derecho al agua, este última es coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Por parte del Congreso del Estado de Sonora se creó la Comisión Especial del Comisión Especial Río Sonora, que tiene por objetivo brindar continuidad a la atención a la problemática derivada de la contaminación en el Río Sonora. Esta ha sido presidida desde hace tres legislaturas contando la actual, por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, quien ha sido reelecto por el Distrito 18 que corresponde a Cananea. Hasta el momento la única reunión que se ha llevado a cabo es la instalación de la comisión.
ÚLTIMOS ESTUDIOS
A solicitud de las comunidades afectadas, desde julio de 2021 comenzaron formalmente los diagnósticos en materia de agua, aire y suelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y sus organismos sectorizados.
Por los resultados obtenidos, actualmente la Semarnat, no reconoce que se haya remediado el daño y menos aún que el fideicomiso cumpliera su objetivo, además indicó que desde el 17 de agosto de 2023 existe una denuncia presentada en la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora, presenta por la misma Secretaría, en contra de las empresas Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, todas de Grupo México.
UNIDOS
Para defender sus derechos, los pobladores afectados crearon los “Comités de Cuenca del Río Sonora”, un movimiento social conformados por habitantes del municipio de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
La última reunión llevada a cabo con autoridades gubernamentales fue el pasado 20 de mayo de este año, donde se abordaron los temas de salud, agua y remediación, y como comité consideraron esencial incorporar el tema “Garantías de no repetición y rendición de cuentas”. “Es necesario este eje para garantizar la justicia integral, tan necesaria a casi once años de impunidad corporativa, así como para asegurar que tanto Grupo México como otras empresas mineras o de otra índole en la región no vuelvan a cometer daños al medio ambiente y a las comunidades”, señalaron los integrantes del comité de la Cuenca del Río Sonora.
Expusieron que, como parte de la solución, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, propuso para atender el tema de salud, la ampliación del Hospital Comunitario de Ures, para convertirlo en un hospital de segundo nivel; la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental para que opere dentro del Hospital de Ures; así como la instalación de un laboratorio para análisis toxicológicos, entre otras propuestas.
Pero ante esto, el comité dijo que es crucial que la Secretaría de Salud reconozca públicamente las afectaciones a la salud provocadas por el derrame y la contaminación ambiental durante estos casi 11 años. “Los riesgos por la exposición a metales pesados deben ser públicos y divulgados por la Secretaría de Salud para garantizar el derecho a la salud en la región”.
Además, resaltaron que la propuesta debe detallar la ruta para analizar potencialmente 24 mil muestras de sangre y orina en todas las comunidades, contemplar metales como el plomo, manganeso, cadmio, arsénico, cromo, mercurio, y cualquier otro que sea necesario.
“Las preguntas importantes para avanzar son ¿cuándo comenzarán estos análisis? ¿Será para las personas que lo vayan solicitando en el hospital? ¿Quién coordinará este proceso? ¿De qué manera los afectados podrán obtener seguimiento y futuras pruebas para asegurar que sus niveles de metales pesados sean cada vez menores?”, cuestionaron los integrantes.
Como autoridades también propusieron construir 16 potabilizadoras para remoción de metales y metaloides, más la construcción de ocho potabilizadoras para remoción de sólidos disueltos, fluoruros y sulfatos e instalar once cloradores.
Sin embargo, el comité destacó que en la propuesta hay solo 16 plantas potabilizadoras con capacidad de remoción de metales y metaloides, las cuales son insuficientes, y recordó que de acuerdo con el dictamen de Semarnat de 2023 y otros estudios realizados por la UNAM, existen metales y metaloides en el sedimento del río, lo cual explica por qué durante el monitoreo de calidad del agua superficial de 2014-2020 durante las precipitaciones de junio, julio y agosto se arrastran estos contaminantes y ocasionan picos de concentraciones de diversos elementos en diferentes localidades por arriba los criterios establecidos de calidad del agua.
LA LUCHA CONTINÚA
Para conmemorar los 10 años del derrame tóxico, en 2024, los habitantes de los pueblos del Río Sonora colocaron un “antimonumento” en la principal plaza Emiliana de Zubeldía ubicado en la capital del Estado, como una protesta permanente de la injusticia e impunidad que ha prevalecido en el desastre ambiental que cambió la vida de más de miles de personas.
En la placa, se lee una breve reseña sobre lo ocurrido aquel 6 de agosto del 2014. “El derrame se originó por la negligencia de la empresa y la complicidad de las autoridades que no velaron por la seguridad de la cuenca. A pesar de la abrumadora evidencia del daño a nuestras fuentes de agua, a la salud de las poblaciones, y acaparamiento de los mantos acuíferos por parte de la empresa, los gobiernos no han emprendido acciones para proteger a la región”.