Por: Eduardo Sánchez
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que se trata de evitar situaciones en las que las víctimas sufren intimidación, escarnio y demérito de su imagen por difusión indebida de información.
Báez Guerrero precisó que con su iniciativa se pretende sancionar con dos a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa al servidor público que difunda o comunique a terceros no legitimados la información de expedientes de un proceso penal.
Recordó que los datos personales y la información relativa a los procesos judiciales y administrativos deben ser resguardados por las autoridades.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y, en su caso, que se elabore el dictamen para su aprobación.