Por: Eduardo Sánchez
En ese contexto, pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, atender esta problemática en coordinación de esfuerzos con el gobierno capitalino y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario local.
Consideró que esta situación existe por las ambigüedades en el marco jurídico que rige a la Federación, frente a lo cual el gobierno local debe acompañar en la atención de la problemática en materia de control y bloqueo de señales 3G, 4G y LTE, porque su uso es común en los penales varoniles.
Destacó que de acuerdo con el Centro Nacional de Información, los reos tienen hasta 12 mil líneas telefónicas para realizar llamadas de extorsión y otros delitos, situación que ha dejado de lado a la autoridad.
En este sentido, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino instó a las empresas de telefonía móvil sensibilizarse de la situación y solidarizarse con las víctimas, poniendo candados y facilitando información a la autoridad para el rastreo o bloqueo oportuno de los números “criminales”.