Por: Eduardo Sánchez
El domingo 7 de junio, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en una videomensaje que se hizo circular ampliamente en las redes sociales y reproducido en medios impresos estatales y nacionales, vuelve a dar la nota de cordura y responsabilidad frente a la polarización política nacional que se ha profundizado como resultado de los errores cometidos por el gobierno federal con su estrategia para combatir la pandemia y también frente al oportunismo político de fuerzas extremistas que ven en los desatinos del presidente de la República la ocasión para demandar su dimisión o renuncia.Alberto Vizcarra Ozuna
(Analista político)
En su mensaje, la gobernadora no presenta cuentas alegres, tampoco hace desplantes presuntuosos. Admite que la epidemia no está controlada. Sus consecuencias económicas y sociales, a escala planetaria, las dimensiona con una magnitud no vista en los últimos cien años. Es enfática al señalar que “este virus no entiende de tiempos electorales, de campañas políticas, de intereses personales… este virus solo entiende de su propia capacidad de generar contagio, muerte y pobreza”.
Al reconocer que las prioridades del momento son economía y salud, anuncia que convocará a la conformación de un Gran Pacto Social, en el que concurran los tres niveles de Gobierno (Federación, Estado y municipios), junto con los sectores productivos y la sociedad civil, animados por el propósito de enfrentar de la mejor manera la pandemia y sus secuelas, en el entendido de que transitar por la vía de la confrontación, la violencia, el enojo y la politización de la circunstancia solo agudizará la crisis.
La gobernadora hace un trazo que debe ser reforzado, porque efectivamente el país ha entrado en una caída económica vertical propiciando más de doce millones de desempleados, tanto del sector formal, como del informal y se está admitiendo que tendremos decenas de miles de muertos. Drama nacional que se despliega en condiciones económicas internacionales adversas, en donde la nueva realidad no conmueve a los organismos financieros internacionales a modificar sus políticas que privilegian la renta monetaria por encima de la salud y de la economía.
El Gran Pacto Social, convocado desde Sonora, le debe salir al paso a la polarización que se desgasta en reivindicaciones ideológicas y disputas por el poder, desatendiendo la apertura para la realización de una intensa discusión programática en la que las denominaciones de “nueva normalidad” o “nueva realidad” no se conviertan en sinónimos de adaptación a la crisis generada por la pandemia. No hay forma de coexistir con estos males. Si no los superamos retomando el crecimiento económico y ampliando el bienestar social, la desesperación se puede traducir en violencia generalizada.
Si se admite que el tamaño de esta crisis no encuentra referente en los últimos cien años, se debe de admitir también que superarla reclama acciones que trasciendan el ámbito estatal y que sus alcances nacionales consideren la situación internacional para que las acciones domésticas procuren las pertinentes alianzas con otras naciones que pudieran estar compartiendo la idea de buscar beneficios comunes y soluciones globales.
Unificar propósitos en torno a un Gran Pacto Social, reclama, entre otras cosas, una revisión a fondo sobre las condicionantes de política económica que nos colocaron en una situación tan vulnerable frente a la pandemia, particularmente con una infraestructura hospitalaria y capacidades instaladas al respecto muy por debajo de los estándares requeridos y establecidos. La alta incidencia de mortalidad que estamos registrando es un reflejo dramático de estas inconsistencias estructurales. Ningún dogma económico o ideología debe mantenernos en los errores que nos hicieron débiles como nación frente a este mal. Demos tener la disposición moral, intelectual y política para recoger con entusiasmo la anunciada convocatoria de la gobernadora y mostrar nuestra mejor disposición para enriquecerla y fortalecerla.