Sólo 170 de las 430 que operan en Sonora intentan cumplir con la legalidad, pero fallan en el tema de la capacitación y certificación: Huidobro
Por: Francisco Angulo
Si se trata de aplicar la ley al 100 por ciento, ninguna de las 430 empresas de seguridad privada que operan en el estado de Sonora debería estar funcionando, ya que todas incumplen al menos con el artículo de la Ley que las regula, en el apartado que tiene que ver con la capacitación y certificación, advirtió Claudio Huidobro Cárdenas.
Aunque desde 1995 se hizo la primera propuesta para crear una ley de seguridad privada que regulara la actividad, fue en 2017 que se creó esta, y su reglamento se aprobó hasta 2019, expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM.
Pero el antecedente de la seguridad privada viene del año 1994, a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando por el temor de que los integrantes de este movimiento pudieran realizar tomas de instituciones públicas como Pemex y la Comisión Federal de electricidad (CFE), por lo que el gobierno federal abrió la posibilidad para que se crearan empresas privadas que dieran el servicio de resguardo de esas instalaciones, reveló.
Entonces, si la seguridad privada fue creada por el mismo Estado, debería ser este el que la regulara de manera que se exija a las compañías el total cumplimiento de la normatividad, como es la Ley federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Privada; en el caso de Sonora la obligación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, dijo.
Actualmente existen 28 mil guardias de seguridad en la entidad, quienes son violentados en sus derechos, en las 430 empresas que coexisten, siendo sólo 170 las que intentan cumplir, pero que no lo hacen totalmente, ya que en su gran mayoría los obligan a trabajar 12 horas diarias sin pago de horas extras, con sueldos bajos y sin las condiciones mínimas en cuanto a previsión social ni condiciones seguras de trabajo, afirmó.
Un aspecto que todas las empresas incumplen es el de la capacitación y certificación en estándares y competencias del programa Conocer, a la que las obliga la ley; “esto las hace ilegales a todas”, aseguró.