Existe el riesgo de la filtración de datos sensibles de la población, entre ellos los datos biométricos: José Manuel Acosta
Por: Francisco Angulo
Para el fundador de Sonora Cibersegura, José Manuel Acosta Rendón, el registro de usuarios de telefonía móvil en el país, cuya prueba piloto inició el 1 de septiembre, es riesgoso ya que en México la filtración de datos y la colusión con el crimen organizado son riesgos bien documentados, y esta base de datos se convertiría en un objetivo de alto valor para cibercriminales y redes de corrupción.
Y es que, dijo, un padrón centralizado es la creación de una gigantesca base de datos de información altamente sensible, incluyendo datos biométricos los cuales, una vez robados, son un riesgo permanente, ya que no se pueden cambiar como una contraseña.
El principal 'pro' que argumenta el gobierno federal para la creación de un padrón de este tipo es la seguridad pública, pues se sostiene que, al vincular una línea telefónica con la identidad del usuario, se combate la extorsión y el secuestro; sin embargo, desde la ciberseguridad, esta es una 'falsa dicotomía' ya que no se trata de elegir entre seguridad y privacidad, sino de entender que una seguridad mal concebida puede destruir la privacidad sin ofrecer ningún beneficio tangible, expresó.
Es crucial, dijo, entender que cualquier iniciativa para crear un registro de líneas de telefonía móvil en México debe ser analizada a la luz de los antecedentes, pues la más reciente de estas iniciativas, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2022.
Esta decisión, que fue unánime, puso un freno definitivo a un proyecto que buscaba registrar los datos personales y biométricos de todos los usuarios de telefonía en el país; por lo tanto, cualquier discusión sobre un nuevo padrón debe partir de la base de que la iniciativa anterior fue legalmente invalidada por violar derechos fundamentales, afirmó.
La fragilidad institucional es el mayor problema en el contexto mexicano, y ya el propio ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, señaló que las autoridades judiciales ya cuentan con las herramientas necesarias para investigar delitos sin necesidad de una base de datos masiva y centralizada
La creación de un padrón sin un control judicial adecuado sobre el acceso a los datos, como lo planteaba el PANAUT, abre la puerta a un uso discrecional y potencialmente catastrófico de la información, advirtió.
Recordó que hace más de una década, durante el gobierno de Felipe Calderón, se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) con el mismo objetivo, pero el resultado fue un fracaso rotundo pues durante su operación, los delitos de extorsión y secuestro no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron un 40 y un 8 por ciento respectivamente.
Además, la base de datos se filtró y se vendió en el mercado negro; el gobierno de ese entonces reconoció su ineficacia y lo derogó; el PANAUT, al ignorar esta lección, intentó repetir un error histórico, pero con una apuesta aún más riesgosa al incluir la huella digital de cada mexicano, mencionó.
Finalmente, comentó que los criminales ya utilizan para cometer los fraudes, extorsiones y secuestros líneas telefónicas de otros países, por lo que está iniciativa de registro de líneas de telefonía celular en México pudiera ser muy poco efectiva, y el precio a pagar sería demasiado alto.
Algo peligroso es que ahora, en esta administración, la SCJN no cuente con la imparcialidad y fundamentación adecuada para repetir el fallo que anteriormente se había dado, de declarar inconstitucional este tipo de registros por vulnerar parte de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, finalizó.